La empresa pública, propiedad de los 78 ayuntamientos asturianos y el Gobierno del Principado, convocará en los dos próximos meses 45 nuevos puestos de trabajo para la gestión de la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto.
Junto a las pruebas de COLHIBRI y Z-ONA4LIFE, el espacio de I+D+I de Serín acoge ya a más de 10 proyectos regionales, nacionales y europeos, con tecnologías piloto para la valorización de residuos y tratamiento avanzado de efluentes.
La comisión delegada autoriza encargar a la empresa constructura el inicio de la explotación y la formación del personal del consorcio, durante siete meses. Cogersa asumirá a partir de ese momento la gestión directa de la instalación, con el apoyo de un contrato externo de mantenimiento. “Esta combinación garantiza el control público del servicio y minimiza riesgos”, ha destacado el presidente, Alejandro Calvo.
La comisión negociadora destaca que el acuerdo alcanzado en la empresa pública impulsa la igualdad de oportunidades y la profesionalización del sector de la economía circular en Asturias.
La nueva consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio sustituye al frente del consorcio a Nieves Roqueñí. La viceconsejera de Medio Ambiente, Susana Madera, ejercerá como vicepresidenta tanto en la entidad supramunicipal, como en la sociedad instrumental Cogersa SAU.
La instalación recibe anualmente unas 17.000 toneladas de restos vegetales y estiércoles que son transformados en un compost con Etiqueta Ecológica Europea. La inversión, de 1,54 millones de euros, cuenta con apoyo financiero de fondos MRR.
El consorcio organizó en Oviedo una jornada sobre fiscalidad de los residuos en el marco de la Ley 7/2022, que contó con la asistencia de representantes de una treintena de concejos y con la subdirectora general de Residuos del Ministerio, Margarita Ruiz. Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 8 de noviembre para expresar su interés por recibir el apoyo de Cogersa en la realización de estudios de costes, la fijación de las tasas e incluso la adecuación de las ordenanzas
El contrato tiene una duración de dos años y fija un precio por tonelada 75 euros.
El consorcio mantiene la gratuidad de la recogida y tratamiento de envases, papel y vidrio, así como de la atención a los puntos limpios. La fracción orgánica será gratuita siempre que no se supere el 20% de “impropios”.
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